5. LEGISLACIÓN SOBRE DERECHOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

 

En los últimos años se ha producido un cambio fundamental de concepción en la doctrina jurídica y en la ciencia política, sobre derechos de las comunidades indígenas. En la Constitución Colombiana se manifiesta claramente este cambio, cuyas implicaciones empiezan a tener una trascendencia que sobrepasa el ámbito estrictamente jurídico. La existencia en el país de 81 grupos étnicos que hablan 64 lenguas diferentes y que representan una población de aproximadamente 450 mil indígenas es un reflejo de la diversidad étnica del país y de su inapreciable riqueza cultural.

La comunidad indígena ha dejado de ser solamente una realidad fáctica y legal para pasar a ser sujeto de derechos fundamentales.

El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural supone la aceptación de la multiplicidad de formas de vida y sistemas de comprensión del mundo diferentes de los de la cultura occidental.

Algunos grupos indígenas que conservan su lengua, tradiciones y creencias no conciben una existencia separada de su comunidad. El reconocimiento de los derechos fundamentales del individuo, respetando sus concepciones como aquella que no admite una perspectiva individualista de la persona humana.

Son fuentes formales del derecho en cuento a los nexos áreas protegidas áreas de indígenas, en orden descendente, la Constitución, las normas internacionales, la ley y los decretos.

 

5.1 LA CONSTITUCIÓN

La constitución es el conjunto de normas que regulan los derechos fundamentales de las personas ( parte dogmática) y la estructura y funcionamiento de los órganos superiores del Estado (parte orgánica). Setrata de un ordenamiento jurídico jerárquico que en la cúspide tiene a la Constitución, de suerte que las normas inferiores que contravengan una norma superior, son susceptibles de desaparecer del mundo jurídico.

En 1991 se expidió en Colombia una nueva constitución Política. Esta carta es diferente de la anterior, que venía desde 1886, por numerosos aspectos, entre los que se destacan los siguientes:

Se consagran unos valores, principios y derechos que irradian al resto del ordenamiento jurídico. Allí se destaca la dignidad humana como fin último del poder y de la sociedad civil. Es pues una Constitución humanista.

  1. Se hace énfasis no sólo en actualizar el listado retórico de los derechos sino también en los mecanismos diseñados para lograr la eficacia de esos derechos.
  2. La Carta regula primero al hombre y luego el poder, a diferencia de la anterior, que básicamente era un estatuto sobre los órganos de poder.
  3. Se buscó en términos políticos aclimatar la paz entre los colombianos y permitir la convivencia pacífica entre todos.
  4. Se estableció la diversidad étnica y cultural de los colombianos.
  5. Ahora bien, es importante resaltar que estos nuevos lineamientos de la Constitución de 1991 tienen las siguientes características:
  6. La Constitución es en sí misma una norma jurídica y por lo tanto tiene fuerza vinculante. No es pues retórica o un catálogo de buenas intenciones, sino que es exigible, coactiva, obligatoria.
  7. La constitución establece un sistema jurídico jerárquico, de suerte que las normas inferiores deben respetar material y formalmente a las disposiciones superiores, so pena de ser sancionadas con la inexequibilidad o la nulidad, según el caso. A la cabeza de ese sistema jerárquico se encuentra precisamente la Constitución, que es norma de normas.
  8. La Carta Política de 1991, teniendo en cuenta la naturaleza de la nacionalidad colombiana, la reconoce como una pluralidad étnica y cultural, y al mismo tiempo como un deber del Estado la protección de esta diversidad.

 

Son principios constitucionales aplicables y que se deben desarrollar para comunidades indígena los siguientes.

Artículo 1. Define a la Nación Colombiana como un Estado social de derecho, descentralizado, democrático, participativo, pluralista, fundado en el respeto a la dignidad humana el trabajo, la solidaridad, y la prevalencia del interés general.

Artículo 2. Regula como fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios constitucionales, derechos y deberes, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política administrativa y cultural de la Nación.

Artículo 7. El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana.

Artículo 58. Garantiza el derecho a la propiedad privada, ordena que el interés privado debe ceder ante el interés general, le asigna a la propiedad una función ecológica, como parte de su función social. y le ordena la Estado proteger y promover las formas solidarias y asociativas de propiedad.

La Constitución Política igualmente no acoge un determinado sistema económico cuando consagra la libertad económica y de iniciativa privada o regula la propiedad (CP.Arts. 333 y58). Por el contrario, el ordenamiento constitucional admite diversos modelos económicos gracias al reconocimiento de la diversidad cultural . Este el caso de las economías de subsistencia de las comunidades indígenas que habitan el bosque húmedo tropical colombiano, en contrate con la economía capitalista. Uno y otro modelo de actividad económica están garantizados dentro de los límites del bien común.

Artículo 63. Las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, son inalienables, imprescriptibles e inenbargables.

El derecho fundamental a la propiedad colectiva de los étnicos lleva implícito, dada la protección constitucional del principio de diversidad étnica y cultural, un derecho a la Constitución de resguardos en cabeza de las comunidades indígenas.

Artículo 68 inciso quinto, sobre el derecho al respeto de la identidad en materia educativa, y en el Artículo 70, relacionado con la cultura como fundamento de la nacionalidad colombiana y el reconocimiento por parte del Estado de la igualdad y la dignidad de todas las culturas que conviven en el país, así como la promoción de la investigación de la ciencia, del desarrollo y de la protección del patrimonio arqueológico de la nación.

Artículo 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado.

La Constitución Política igualmente dio especial protección a los valores culturales y sociales encarnados en las comunidades indígenas que aún subsisten en el país.

La importancia de estos valores se pone de presente de manera directa en el Artículo 7 que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. En el artículo 8 sobre la obligación del Estado de proteger la riqueza cultural de la nación.

En el Articulo 9 sobre respeto de la autodeterminación de los pueblos.

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Artículo 330. Tratándose de la explotación de recursos naturales, prevé que dicha explotación se hará sin desmedro de la integridad social, económica y cultural de las comunidades indígenas y además prevé la participación de los representantes de las comunidades en las decisiones que se adopten.

De acuerdo con el parágrafo del artículo 330 de la C.N. Se orientarán los desarrollos legales a evitar los perjuicios a la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas, especialmente en lo que tiene que ver con los valores que lo diferencian del resto de los grupos humanos que conforman la Nación Colombiana.

Artículo 332. Señala al Estado como propietario de subsuelo y de los recursos naturales no renovables, en igual forma el Artículo 202 de la C.N de 1886 ratifica la propiedad del subsuelo en cabeza del Estado.

La Constitución reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana (CP. Artículo. 17). Este principio tiene contenido y fuerza normativa en materia de igualdad y trato favorable (CP. Artículo 13), de la libertad de cultos (CP. Artículo19), del apoyo a actividades agrícolas, pecuarias, forestales o pesqueras (CP. Artículo65), del derecho a la educación y a la entidad cultural (C.P Artículo 67, 68 y 70), del derecho al patrimonio cultural (CP. Artículo 72), de la jurisdicción indígena (CP. Artículo 246) y de la intervención del Estado en la distribución equitativa de oportunidades y recursos económicos (CP.Artículo 334)

 

5.2 NORMAS INTERNACIONALES

Según el Artículo 93 de la Constitución, las normas internacionales sobre derechos humanos que hayan sido ratificados por Colombia, tiene fuerza jurídica vinculante e interpretativa en el ordenamiento interno, por encima de la ley pero por debajo de la Constitución. que es una norma normarum. El artículo 53 en su inciso 4 establece una regulación semejante para los convenios internacionales sobre el trabajo.

Es por ello que para el tema de la minorías étnicas es importante el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo OIT, el día 27 de junio de 1989 y ratificado por Colombia mediante la ley 21 de 4 de marzo de 1991. Este convenio 169 deroga el Convenio 107 de 1957, introduciendo mayores elementos con respecto a la participación y a la identidad indígena.

En concordancia con la Constitución Nacional, la Ley 21 de 1991, por la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, en el Artículo 4 ordena adoptar medidas que preserven las personas, instituciones, bienes, trabajo, cultura y el medio ambiente de los pueblos indígenas.

El Artículo 6 de la ley 21 de 1991 manifiesta que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante los procedimientos adecuados y en particular a través de sus instituciones representativas cuando se prevean mediadas legislativas o administrativas que le afecten directamente y establecer los mecanismos por medio de los cuales los pueblos interesados pueden participar libremente por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población.

De igual forma el numeral 3 del Artículo 7 de la ley 21 de 1991 expresa que, "Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

El Artículo 15 de la ley en mención en su numeral 2. Señala que en caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo o tenga derecho sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en que medida, antes de autorizar la prospección, explotación de los recursos naturales existentes en sus tierras.

 

5.3 LEYES Y DECRETOS-LEY

La ley 89 de 1890 ya reconocía la existencia de las comunidades o parcialidades indígenas al permitir su representación mediante los cabildos. Entre las leyes más importantes formales y materiales que hacen parte y que consagran mandatos expresos sobre la protección de las comunidades indígenas, se destacan aparte de la ya mencionada ley 21 de 1991, la ley 2 de 1959, y la ley 99 de 1993.

Concordante con la Constitución Nacional, la ley 99 de 1993 orgánica del Ministerio del Medio Ambiente, ordena que la explotación de los recursos naturales debe hacerse sin desmedro de la identidad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y negras y para este caso, el artículo 76 establece que las decisiones se toman previa consulta a los representantes de dichas comunidades, teniendo en cuenta que han desarrollado relaciones sociales, culturales y económicas con los recursos naturales.

En este sentido la ley 99 de 1993 desarrolla el mandato Constitucional y concreta la función del Estado en cuanto al reconocimiento de la participación y la protección de especial de los derechos, integridad, diversidad étnica y cultural, en el contexto ambiental de los proyectos.

 

5.4 DECRETOS

Los decretos reglamentarios y acuerdos (ambos son actos administrativos) aplicables al tema son: Decreto 1396 y 1397 de 1996. Especialmente el decreto 1397 de agosto 8 de 1996, en su artículo 7, establece: " No se podrá otorgar ninguna licencia ambiental sin los estudios de impacto económico, social y cultural sobre los pueblos o comunidades indígenas, los cuales harán parte de los estudios de impacto ambiental. Los estudios se realizarán con la participación de las comunidades y organizaciones".

 

5.5 DERECHOS Y DEBERES DE LOS INDÍGENAS

La concepción del territorio de las comunidades indígenas es sustancialmente diferente a la concepción que se podría denominar "occidental" . En efecto, como afirma Tomás Walschburger, citado por Raúl Correa Henao, a propósito de la concepción y manejo del territorio por comunidades indígenas:

Dentro de la cosmología de la mayoría de los pueblos define especificidades en su concepción del cosmos, éstas comparten principios básicos generales. El mundo actual viene de una secuencia de mundos anteriores que se extinguieron pero aún imprimen su influencia y mecanismos de control sobre el presente. Igualmente, los cielos superiores están articulados al mundo actual ordenado y estructurando su operación. Por lo tanto la cosmología indígena es una interpretación integral y coherente del mundo en el que habitan, que explica el origen y la relación entre los diversos elementos y fuerzas que lo conforman. La concepción multitemporal y multiespacial del cosmos es manejada por normas y reglas claras que legitiman en un pasado remoto y sagrado. Los ancestros y los seres sobrenaturales, dueños del universo, son el origen de todo y el hombre actual, y en especial el chamán, debe y puede retomar el pasado y así mantener y restablecer el orden del presente. El pensamiento o energía cósmica fluye por el mundo actual y abre las posibilidades de vida del hombre, las plantas y los animales siempre y cuando se equilibren y fluyan las energías por todo el cosmos.

Finalmente, la interpretación del cosmos está reflejada en la mitología, los rituales que se celebran a lo largo del año y que restablecen el equlibrio y purifican el mundo y a los hombres, también está representada en la cultura material y en las formas de organización socioeconómica. En resumen el principio ordenador del mundo está en no acumular y por lo tanto reciclar permanentemente la energía extraída de algún medio natural o sobrenatural.

Dentro de la concepción del mundo indígena, a cada tribu le corresponde, desde su nacimiento como grupo étnico, un territorio específico.

Los indígenas no se consideran dueños ni de la tierra, ni de los ecosistemas y sus recursos, el acceso a éstos está determinado por cuotas asignadas por seres, generalmente sobrenaturales, a los hombres, que estos no pueden sobrepasar (abusar).

Es claro que los ordenamientos jurídicos no responden a esta visión integradora de la naturaleza donde el territorio, la propiedad, el uso y la administración de los recursos funcionan como un sistema regulador como un todo...

Se ha querido, señala Enrique Sánchez imponer a las culturas indígenas la concepción desarticulada de la naturaleza con los recursos renovables por un lado y los no renovables por otro, promoviendo el reconocimiento de la propiedad sobre unos recursos pero sobre otros no, o el reconocimiento sobre el uso pero no sobre la propiedad o el reconocimiento sobre ésta pero sin autonomía para el manejo.

 

5.6 LA PROPIEDAD EN COLOMBIA

La propiedad en Colombia puede ser privada, estatal o pública.

 

LA PROPIEDAD PRIVADA

La propiedad privada es definida (artículo 699 código civil) como el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno.

La propiedad privada puede ser individual, colectiva o comunitaria.

La propiedad es individual cuando pertenece a una persona natural o jurídica, en los términos del artículo 58 de la Constitución y 699 del código civil. Se garantiza este tipo de propiedad, al igual que los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos por leyes posteriores. Esta propiedad puede desagregares en nuda o mera propiedades y usufructo.

La propiedad privada es colectiva cuando su titular es un grupo de personas que ejercen simultáneamente el dominio sobre el bien. Son propiedad colectiva los resguardos (Artículo 63 y 329 CN) y los bienes adjudicados a las comunidades negras del la Zona del Pacífico (Artículo 55 transitorio CN y la ley 70 de 1993 Artículo 7). Este tipo de bienes son inalienables (no se pueden negociar), imprescriptibles (no se pueden adquirir o extinguir por prescripción), e inembargables (no pueden ser objeto de gravámenes hipotecarios, embargos).

La propiedad privada es comunitaria según el Artículo 58 CN " el Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad" Se trata del dominio que tienen las cooperativas y demás organizaciones similares, que sin ser inalienables, imprescriptibles ni inembargables, tienen como titular a una pluralidad de personas y el bien está destinado a la satisfacción de intereses comunitarios.

 

LA PROPIEDAD ESTATAL

Son bienes del Estado, según la Corte Constitucional:

El subsuelo y los demás recursos naturales no renovables de conformidad con el artículo 332 de la Constitución Política, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, es espectro electromagnético (CP art. 102), así como los bienes que posee como propiedad privada, en iguales condiciones que los particulares (CP Artículo 58).

Existe un tercer grupo de propiedad, normalmente estatal y excepcionalmente privada, que se distingue no por su titularidad sino por su afectación al dominio público, por motivos de interés general (CP Artículo 1), relacionados con la riqueza cultural nacional, el uso público y el espacio público.

Los bienes que deben comprenderse en el dominio público se determinan no solo por las leyes que califican una cosa o un bien como de dominio público, además es necesario que concurra el elemento del destino o de la afectación del bien o una finalidad pública , es decir, a un uso o a un servicio público, o al fomento de la riqueza nacional, variedades de la afectación que, a su vez, determinan la clasificación de los bienes de dominio público.

Para efectos de este recuento es importante señalar que hacen parte de este tipo de propiedad las áreas perteneciente al sistema de parques nacionales naturales, en los cuales también habitan comunidades indígenas y negras.

Luego de más de cinco siglos de discriminación, los grupos indígenas han venido obteniendo reconocimiento de sus derechos de diverso orden, sobre todo en la última década. Punto culminante de este proceso fue la Constitución de 1991. Allí se reconocieron diversos derechos de las comunidades étnicas, entre los que se destacan:

Derechos sobre la tierra

Abstracción hecha de la propiedad privada que en cualquier región del país posea un indígena a título individual, caso en el cual se equipara a resto de los habitantes del territorio, los indígenas son dueños de los resguardos, que como se anotó anteriormente son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

En este sentido la Corte Constitucional afirmó respecto de las limitaciones de los resguardos:

Los resguardos son un derecho colectivo que debe en todo caso ejercerse dentro de los límites constitucionales y legales necesarios para preservar el medio ambiente y los recursos renovables. El derecho de propiedad colectiva de los recursos naturales renovables que se encuentran es sus territorios no otorga una facultad omnímoda a los representantes de las respectivas comunidades indígenas para disponer libremente de ellos. La autonomía de las autoridades indígenas en el manejo de sus propios asuntos, en especial respecto del aprovechamiento de los recursos naturales (CP Artículo 330), debe ser ejercida con plena responsabilidad.

Se concluye, que " La propiedad indígena sobre la tierra es indiscutible, pero que tal derecho no está excento ni de los límites constitucionales y legales ni de la intervención estatal" ( Nestor Raúl Correa Henao. Estado e indígenas Frente al Ambiente).

Las entidades territoriales indígenas

El constituyente de 1991 diseñó un nuevo esquema de la estructura político administrativa del país, en el que hubo un cambio cuantitativo y un cambio cualitativo. En este marco el artículo 286 de la Constitución señala que los territorios indígenas son entidades territoriales. El artículo 287 consagra las competencias de la autonomía territorial, las cuales son ejercidas con sujeción a la Constitución y la ley.

El Artículo 329 de la Carta fija el procedimiento para que los resguardos se conviertan en entidad territorial. Por su parte el Artículo 357 regula, para los solos efectos fiscales, los resguardos que recibirán transferencias en las mismas condiciones de los municipios.

En general la futura elevación a la categoría de entidad territorial de un resguardo comportará importantes consecuencias políticas, patrimoniales y administrativas.

 

6. LINEAMIENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN CON COMUNIDADES INDÍGENAS

 

El término de "indígena" describe una amplia variedad de grupos sociales que gente aborigen, tribus, minorías de etnias, grupos tribales. Estos grupos están generalmente caracterizados por tener una identidad social y cultural que es bien diferente de la sociedad dominante. Esto suele hacerlos vulnerables siendo desfavorecidos o sufriendo daños por proyectos de desarrollo.

Dado los contextos variados y cambiantes en los cuales los indígenas se encuentran, no hay una sola definición que pueda establecer adecuadamente la diversidad de sus características. Sin embargo, hay algunos elementos comunes que generalmente distinguirán a los indígenas de la corriente principal o sociedad dominante de un país. Esto incluye:

  1. Están comúnmente entre los segmentos más pobres de una población o sociedad.
  2. Toman parte en actividades económicas que varían desde la caza y subsistencia agrícola, hasta el trabajo de sirvientes o actividades orientadas al mercado en pequeña escala (p.ej , trabajos artesanales, mano de obra no calificada etc).
  3. Se caracterizan por desconfiar de las "personas extrañas".

Los indígenas también pueden ser identificados en áreas geográficas particulares por la presencia en grados variables con distintas características:

  1. Una relación cercana con territorios ancestrales y recursos naturales en el área.
  2. Autoidentificación e identificación por otros como miembros de un grupo cultural distintivo.
  3. Un dialecto indígena que es por lo general diferente del idioma nacional.
  4. Presencia de instituciones tradicionales, sociales y políticas.
  5. Las actividades económicas predominantemente orientadas a la subsistencia.

Recientemente se ha visto un creciente reconocimiento de los derechos de los indígenas, apoyado por instrumentos internacionales y legales específicos, orientados hacia la toma de sus propias decisiones sobre el uso de sus tierras y otros recursos y para ejercer control sobre su propio desarrollo económico, social y cultural.

En términos de implementar proyectos del desarrollo de recursos el reto ha estado aumentado hasta incorporar la diversidad cultural, dialecto y conocimiento indígena de la ecología local e historia de las comunidades indígenas dentro de la planificación, diseño e implementación de proyectos.

Desde el punto de vista práctico de la planificación, diseño y desarrollo de un proyecto, en comunidades cuyas instituciones, patrones de liderazgo, estructura de toma de decisiones, culturas y estilos de vida no son bien entendidos por las personas e instituciones de fuera, la participación de las comunidades indígenas, con frecuencia resulta difícil implementarlo debido a:

  1. Las concepciones de las políticas nacionales existentes y los marcos legales relacionados con las comunidades indígenas.
  2. Una carencia de reconocimiento legal de los derechos tradicionales de las comunidades indígenas a sus tierras ancestrales.
  3. Prejuicios generalizados.
  4. Presencia de grupos de actores locales y regionales que impiden la autentica participación de los indígenas.
  5. Tendencia en la parte externa de los organismos gubernamentales y ONG's para controlar más que para facilitar los procesos de participación.
  6. Carencia de planificación de desarrollo y habilidades de gestión. (por ejemplo, capacidad de participación) por parte de las comunidades indígenas mismas.

De estos factores, uno de los más importantes en términos de la participación exitosa de las comunidades indígenas en la planificación, diseño e implementación de proyectos, es la voluntad del gobierno para consagrar en la ley la devolución de algún grado de autonomía en la toma de decisiones a la comunidades indígenas. Sin embargo, aún cuando este es el caso, las instituciones o ministerios responsables de las relaciones con los indígenas pueden ser débiles, carecen del personal entrenado profesionalmente y toman un enfoque centralista y paternalista, requiriendo en estos casos reformas importantes para que los procesos de participación puedan tener éxito.

Como se indicó en una publicación reciente del Banco Mundial :

"Colombia es uno de los países que ha puesto el ejemplo para establecer un marco político y legal que apoye la participación indígena.

La constitución reconoce los derechos de las comunidades indígenas para controlar sus tierras, recursos naturales y sus asuntos políticos internos tales como:"

  1. Decidir sobre el uso de la tierra y recursos de la comunidad.
  2. Resolver disputas internas.
  3. Negociar programas de salud, educación y otros programas con corporaciones de desarrollo regional y del gobierno nacional."

 

6.1 COMPONENTES BÁSICOS PARA LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS

Aunque el apoyo legislativo en Colombia para involucrar a los indígenas es un movimiento de vanguardia positivo, es necesario involucrar y tener encuentra varios aspectos para que la consulta y participación con los grupos indígenas sea efectiva:

Distintos dialectos: Se tiene el caso en que algunas comunidades indígenas (especialmente las mujeres) no hablan con fluidez el idioma nacional. De ahí la necesidad, que las consultas con las comunidades necesiten hacerse en el dialecto local, para lo que se requiere la ayuda de intérpretes expertos.

Medios tradicionales para comunicar conocimiento: Al desarrollar un programa de consulta, la importancia tradicional de leyendas, cuentos populares, su visón cosmogónica del mundo necesita ser tomada en cuenta.

Confianza-Desconfianza: La consulta efectiva depende mucho de la confianza. Sin embargo, a través de la experiencia histórica, muchas comunidades indígenas han aprendido a no fiarse de los "benévolos" tales como misioneros, funcionarios de gobierno, maestros y especialistas de ayuda en desarrollo.

Las personas e instituciones que han sido capaces de ganar la confianza de los indígenas usualmente lo han hecho a través de varios años de contacto e interacción. Dichos individuos y grupos deben ser identificados e incluidos en el proceso de consulta. Al hacerlo existe una mejor oportunidad para identificar e introducir mecanismos culturalmente aceptables para la consulta y participación.

Construcción sobre instituciones existentes : Al desarrollar e implementar los programas de consulta, es conveniente trabajar con instituciones y organizaciones existentes que intentar y establecer unas nuevas para tratar con asuntos específicos de interés para los indígenas.

Evaluación de participación social : En las cuales deben participar los miembros de la comunidad más bien como compañeros que como fuentes de información, pueden servir para mejorar la comprensión de la estructura social indígena y las instituciones que pueden ayudar en el desarrollo e implementación de la consulta - participación. Estas evaluaciones pueden también revelar la existencia de conflictos entre diferentes grupos que pueden afectar el proceso de participación.

Capacidad de mejora : Como en otros grupos sociales puede requerirse la implementación de las medidas para mejorar la habilidad de la comunidades indígenas para tomar parte eficazmente en un proceso de consulta - participación.

En consecuencia con los planteamientos anteriores se asume en le diseño de la gestión ambiental del proyecto, la articulación y aplicación de los siguientes componentes:

  1. Identificación temprana de las comunidades indígenas potencialmente afectadas por algún proyecto obra o actividad
  2. Inclusión en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto de acciones destinadas a la protección de las comunidades indígenas y sus tierras.
  3. Implementación de programas de comunicación e información a las comunidades desde las etapas tempranas de planeación del proyecto.
  4. La consulta con las comunidades de todas las acciones que requiere el proyecto en su territorio y la concertación de las características, intensidad y mecanismos particulares.
  5. Definición concertada, para cada tipo de comunidad de conformidad con sus particularidades socioculturales, incluyendo las responsabilidades institucionales de los participantes y los mecanismos para la participación efectiva de las comunidades involucradas.
  6. Definición concertada con las comunidades de los mecanismos de seguimiento y control de todas las acciones pertinentes al proyecto a lo largo de todas las etapas técnicas del mismo.
  7. Para el caso en que se requiera el desplazamiento de individuos o comunidades indígenas tradicionales, se deberá diseñar y concertar un programa de reasentamiento que consulte e integre mecanismos de gestión sociocultural adecuados para garantizar la readaptación de los desplazados en condiciones similares o mejores. El desplazamiento será solo posible si los individuos o comunidades lo aceptan y declaran su disponibilidad de participar del programa y el proyecto asume la responsabilidad plena de su ejecución.
  8. Los proyectos se deben plantear bajo la racionalidad del desarrollo ambientalmente sustentable, asumiendo como punto de partida el respeto a los intereses de la comunidad y la búsqueda de puntos de beneficio común, a través de procesos de participación y concertación con la comunidad.
  9. La Gestión Social con Participación de las Comunidades, debe partir del concepto de reconocer la participación comunitaria como el eje fundamental, que permita que la comunidad sea reconocida como el principal interlocutor en la formulación, planeación, ejecución, evaluación y seguimiento de acciones y programas de interés social.

 

6.2 MANEJO DE CONFLICTOS Y CONCERTACIÓN DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL.

Este punto se ocupará en establecer los mecanismos de conciliación entre las comunidades indígenas y quienes pretendan desarrollar cualquier proyecto, obra o actividad en áreas de influencia de las comunidades indígenas allí asentadas, con el objeto de establecer criterios de desarrollo sostenible y convivencia entre unos y otros y desarrollar aspectos importantes como la conciliación de intereses entre las comunidades y el Gobierno o entre éstas y proyectos de desarrollo que se están llevando a cabo o se pretendan ejecutar en sus territorios.

Otro de los objetivos, está encaminado a identificar las barreras que se presentan para llegar al establecimiento de acuerdos exitosos entre las comunidades indígenas y quienes pretenden hacer uso de los recursos naturales en sus áreas de influencia.

Los lineamientos que aquí se presentan hacen parte del resultado de seminarios y talleres sobre el tema de negociación con minorías étnicas y participación ciudadana en proyectos de desarrollo, adelantados mediante un convenio de cooperación internacional entre los gobiernos de Colombia y Canadá y patrocinado por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) y el Instituto Canadiense de Investigación de Energía (CIRI).

Su objetivo de brindar entrenamiento a los empleados del sector público y a los interesados en el tema de negociación con Grupos minorías étnicas y promover la participación pública.

Como resultado de los seminarios y talleres se logró:

  1. Identificar cuales eran las barreras comunes que impiden acuerdos exitosos con las comunidades indígenas.
  2. Desarrollar habilidades para escuchar eficazmente, interrogar y conocer otros tipos de comunicación para obtener buenos acuerdos entre las partes.
  3. Conocer los distintos modelos de negociación en situaciones de conflicto y establecer el método de negociación más apropiado de acuerdo a las características particulares de cada comunidad.

 

EL "ARTE" DE CONSULTAR

Los conflictos se pueden resolver de diversas maneras. Unas son más convencionales y otras se rigen a las debidas formalidades y sus formas de resolución están dados desde los más hasta los menos agresivos.

Existen cuatro niveles para la resolución de conflictos:

Un primer nivel empezando por los más agresivos lo conforman las ACCIONES VIOLENTAS. Esta manera de resolución de conflictos, es desafortunadamente la más común en nuestro medio.

A un segundo nivel de negociación pertenece EL LITIGIO y el ARBITRAJE. Desarrollado en los estrados judiciales.

Un tercer nivel de negociación corresponde a la MEDIACION y la CONCILIACION. Las partes buscan acuerdos que las satisfagan por igual, utilizando a un tercero (una institución) como mediadora.

Un cuarto nivel es la EVITACION, es decir el escape, el dejar el problema sin solución y no enfrentar adecuadamente las situaciones para encontrar solución.

Se ha encontrado que las barreras más comunes para la negociación de conflictos tienen que ver con:

  1. Falta de una teoría de negociación integrada.
  2. Falta de preparación adecuada (indagación y análisis de los hechos tanto como planificación estratégica)
  3. Falta de comunicaciones efectivas.
  4. Factores afectivos.
  5. Factores extrínsecos.

Problemas anteriores.

Compromisos preexistentes.

Valor del tiempo en dinero

  1. Cálculos de diferentes alternativas al acuerdo.

Información diferente.

Diferencias en el análisis de la misma información.

Diferencias en el análisis legal.

  1. Presiones de parte de los constituyentes.
  2. Intereses inadecuados al compromiso
  3. Valores personales firmemente arraigados que no pueden concederse voluntariamente.
  4. Amenaza a la supervivencia económica.

Diferentes actitudes hacia el deseo de llegar a un pronto acuerdo

 

NEGOCIACIÓN DE POSICIÓN

Este tipo de negociaciones tienen las siguientes características:

  1. Las partes determinan el resultado que produce las ganancias máxima.
  2. Se desarrollan los criterios basados en afianzar y justificar los resultados deseados.
  3. Afecta las relaciones de las partes negativamente.
  4. Por lo general deja beneficios mutuos inexplorado.

 

NEGOCIACIÓN BASADA EN INTERESES

Tiene las siguientes características principales.

  1. Las partes buscan soluciones que produzcan los mayores beneficios comunes.
  2. Buscan realzar y proteger las relacione.
  3. Se enfocan en objetivos e intereses.
  4. Se edifican sobre intereses compartidos (base común)
  5. "Expandir la torta" antes de repartirla (inventar opciones)
  6. Se desarrollan criterios para verificar la equidad de un número de opciones.
  7. Pueden necesitar más tiempo y dinero
  8. Se deben investigar todas las oportunidades de beneficio común.

En las negociaciones basadas en intereses todos los negociadores se pueden identificar como "duros" o "suaves" . Se dice que para ser efectivos se deben aprender las técnicas que ayuden a ser "duros" con el problema y "suaves" con aquellas personas que están involucradas. Esto permite que las partes sobrevivan, fomenta acuerdos con espíritu de colaboración para hallar soluciones y asegura que no se llegue a acuerdos que requiera que una de las partes se "rinda".

Se recomiendan cinco principios o tácticas :

  1. Separar a las personas del problema.
  2. Enfocarse en Intereses, no en posiciones.
  3. Inventar opciones para beneficio mutuo.
  4. Insistir que los resultados se basen en normas objetivas.
  5. Saber cual es la mejor y la peor alternativa a un acuerdo negociado.

 

6.3 PROCESO DE CONSULTA PREVIA

El proceso de consulta previa se ha venido constituyendo en el instrumento que utiliza el Gobierno para conocer, identificar y establecer acuerdos entre las comunidades indígenas y los dueños de los proyectos con el fin de proteger su integridad étnica y concientizar al dueño del proyecto sobre las características etnoambientales del entorno donde se pretende desarrollar el proyecto, obedeciendo básicamente a la siguiente estructura conceptual y metodológica.

OBJETIVO GENERAL

Proteger la integridad étnica y cultural del los pueblos indígenas en cumplimiento de los señalamientos que establece la Constitución Política de Colombia y demás leyes y decretos al respecto, a través de la consulta y participación previa a la comunidad indígena y, en un marco de interculturalidad definir en conjunto los lineamientos ambientales para el desarrollo armónico del programa sísmico en relación al entorno biofísico y socioambiental involucrado por el proyecto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

  1. Cumplir con los señalamientos constitucionales y legales exigidos por el Estado colombiano para la ejecución de proyectos en relación a la protección de la diversidad cultural de la nación.
  2. Informar a las comunidades indígenas sobre las condiciones, términos, características y efectos de un proyecto, como también las fases que lo componen con el fin de definir sus implicaciones a nivel social, económico y cultural que se puedan generar a partir de su ejecución.
  3. Informar al gobierno sobre las características sociales y el grado de vulnerabilidad étnica de las comunidades indígenas en relación con su entorno y el proyecto a realizar.
  4. Posibilitar la participación de las comunidades indígenas en el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto de exploración y explotación.
  5. Determinar las medidas que se deben adoptar para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos identificados.
  6. Garantizar que en la toma de la decisión por parte de la autoridad competente sobre el proyecto a ejecutar, se tenga en cuenta la real participación de las comunidades consultadas.
  7. Establecer un plan de seguimiento a los acuerdos.
  8. Establecer una base social sólida y armónica para el desarrollo de los proyectos.

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CONSULTA

Estos lineamientos metodológicos establecen una serie de etapas para el trabajo con sus diferentes fases.

Evaluación Etnico-cultural.

  • La obtención de un diagnóstico étnico - cultural dentro de los marcos geográficos, socioeconómicos, político, cultural y fisicobiótico de las comunidades indígenas, a partir de la información secundaria y primaria.
  • Planeación de la consulta de acuerdo con la información obtenida.

    Trabajo Interinstitucional

    Factibilidad de Intervención.

     

    7. BIBLIOGRAFÍA

    1. ARANGO O , Raúl , SANCHEZ G. Enrique, Los pueblos indígenas de Colombia, Población y Territorio, Departamento de Planeación Nacional (DPN), Santafé de Bogotá, 1989.
    2. CERI & ACDI, Memorias Seminario Taller de Consulta y participación para Indígenas y Minorías Etnicas, Santafé de Bogotá, 1997.
    3. _________, Memorias de Participación de la Comunidad, Santafé de Bogotá, 1997
    4. _________, Negociando con Grupo Indígenas, Santafé de Bogotá, 1997.
    5. Constitución Política de Colombia, 1991
    6. CORREA HENAO, Nestor Raúl. Estado e Indígenas frente al ambiente. Consultoría - Fundación Natura - Fundación Biológica Puerto Rastrojo - PNUD, Santafé de Bogotá, 1994
    7. GROSS, Cristián , Identidad Cultural y cambio social, Santafé de Bogotá, 1994
    8. INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANA, Geografía Humana de Colombia, Colección Quinto Centenario, Santafé de Bogotá, 1993.
    9. INSTITUTO LINGUISTICO DE VERANO, Culturas Indígenas de Colombia, Santafé de Bogotá, 1994.
    10. MINISTERIO DE GOBIERNO. Dirección General de Asuntos Indígenas. Fuero Indígena Colombiano. Santafé de Bogotá, 1994
    11. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL . COLCIENCIAS, Derecho, Etnias y Ecología. Santafé de Bogotá 1995