CONCEPTUALIZACIÓN
A partir de la expedición
de la Constitución Nacional de 1991, Colombia adquiere herramientas que
le permiten ampliar el espacio y las formas participativas, viabilizando de
esta manera las posibilidades de concretar los principios constitucionales promulgados
y llevando a la población a adquirir responsabilidades frente a las decisiones
que pueden afectar su entorno natural y social.
La Participación debe entonces concebirse como el derecho que tiene la
comunidad a tomar parte activa en todos los procesos sociales, económicos
y políticos que puedan alterar o poner en riesgo el presente y el futuro
de las actuales y las próximas generaciones, no sólo desde el
punto de vista ambiental, sino también en los campos de lo económico,
cultural, social y político, estableciendo nuevas relaciones Comunidad
- Estado, mediadas por las empresas que intervienen en la generación
de capital y que se constituyen en actores esenciales del desarrollo de la sociedad
y del país.
MARCO NORMATIVO
La Participación Comunitaria en los proyectos de distribución de energía se encuentra demarcada por la reglamentación y la normatividad de la Constitución Nacional de 1991, la Ley 99 de 1993, la Ley 134 de 1994, la Ley 143 de 1994 (Título X), el Decreto 1320 de 1998 y en general, todos aquellos decretos, leyes, resoluciones y acuerdos vigentes al momento de la construcción y operación de un proyecto de esta naturaleza.
En caso de que el proyecto se realice en territorios indígenas, debe aplicarse lo estipulado en la Ley 21 de 1991, y para zonas con presencia de comunidades negras, la Ley 70 de 1993.
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: Mecanismos para su Implementación
Metodología:
La metodología general para los procesos de Participación Comunitaria, es la siguiente:
1. Identificar los actores a involucrar en el proceso, como son los principales actores y representantes de la comunidad y de la administración municipal.
2. Proveer la información sobre el proyecto a las comunidades (sus objetivos, alcances, características, actividades constructivas y operativas y beneficios sociales).
3. Definir formas de difusión del proyecto entre toda la población.
4. Establecer los alcances de la participación comunitaria durante la construcción y la operación.
5. Analizar conjuntamente con la población los posibles efectos negativos que pueda tener la ejecución del proyecto sobre su entorno.
6. Incorporar sugerencias, medidas correctivas y programas de gestión social dentro de las actividades constructivas y operativas del proyecto con el fin de lograr el mínimo impacto ambiental y social y el máximo beneficio para las comunidades.
Esta figura ilustra los diferentes actores que puede tener un proceso de Participación
Comunitaria en un proyecto de Distribución de Energía, durante
su construcción. Se debe hacer énfasis en el beneficio social
de un proyecto de distribución, el cual suministra este servicio a la
población, incrementa sus posibilidades de desarrollo económico
y social y lleva mayor bienestar a las comunidades.